Con una cartera de 66 proyectos mineros y transferencias que superaron los S/ 10.045 millones en 2025, el sector busca convertir la riqueza mineral en capacidades comunitarias sostenibles.
El sector minero peruano consolida una cartera estratégica de inversiones proyectada en US$ 64.000 millones, distribuida en 66 proyectos de exploración y desarrollo abarcando 19 departamentos del país. Sin embargo, la materialización de este potencial convive con un escenario de alta tensión social en los territorios extractivos.
De acuerdo con registros de la Defensoría del Pueblo actualizados a junio de 2026, el país contabiliza 151 conflictos sociales activos, de los cuales 96 corresponden a causas socioambientales directamente ligadas a la actividad minera. La gestión de esta conflictividad representa el principal condicionante para la sostenibilidad del sector.
Frente a este escenario, la subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa, Jimena Sologuren, planteó que la prioridad de la industria no debe ser la asistencia coyuntural, sino la construcción de capacidades autónomas. “El reto es convertir las inversiones en desarrollo sostenible que permanezca en los territorios”, señaló.
Transferencias históricas del canon minero frente a brechas sociales rurales
La contribución macroeconómica de la minería peruana se refleja en las transferencias de capital hacia el Fisco. Durante 2025, la actividad generó más de S/ 10.045 millones al presupuesto nacional por concepto de canon minero, regalías y derechos de vigencia. A mayo de 2026, los aportes ya superaban los S/ 4.000 millones.
Pese a este flujo financiero, la brecha de infraestructura social continúa siendo crítica. En Perú, la pobreza monetaria afecta al 25,7% de la población total y se eleva al 35,5% en las zonas rurales, lo que evidencia deficiencias en la ejecución de obras públicas locales.
“El verdadero desafío es lograr que esos recursos se conviertan de manera oportuna en proyectos concretos de agua potable, saneamiento básico, salud, educación e infraestructura vial para las comunidades”, afirmó Sologuren, subrayando la necesidad de articular al Estado, la empresa, la academia y la sociedad civil.
Construcción de confianza, diálogo temprano y legado sostenible en los territorios
Para prevenir la escalada de los 96 conflictos socioambientales activos, la industria promueve un giro desde la responsabilidad social tradicional hacia la gestión social preventiva. Esta estrategia prioriza el diálogo temprano, la transparencia informativa previa a las inversiones y la coherencia en el cumplimiento de compromisos operativos.
En el plano institucional, la minería peruana ha sumado ajustes técnicos tras la designación de Mayra Figueroa como nueva viceministra de Minas. Las autoridades y gremios concuerdan en la urgencia de fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales para agilizar la inversión pública del canon.
“El éxito de un proyecto no radica en que un territorio dependa de la empresa minera, sino en fortalecer sus propias capacidades, diversificar su economía y permitir que la comunidad continúe desarrollándose con autonomía una vez concluido el ciclo minero”, concluyó Jimena Sologuren.
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